La infanta Cristina a su salida del tribunal de Palma de Mallorca tras finalizar su declaración ante el juez como imputada. (EFE)
La defensa de la infanta Cristina de Borbón ha presentado este miércoles el recurso contra la imputación de la hermana del rey en el caso Nóos.
El pasado 26 de junio hizo lo propio el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, aunque en relación al auto completo del juez José Castro, que incluía otras 15 imputaciones en el cierre de la instrucción. La defensa pide a la Audiencia que revise la imputación de la infanta de forma “estrictamente jurídica” y como si se tratase de “cualquier otro ciudadano”. Estos son los puntos clave del recurso:
El juez, desconcertante; ella, muy ocupada
Los abogados de la infanta Cristina, encabezados por Miquel Roca, sostienen que el juez José Castro no aporta indicios suficientes que indiquen que ella cometió delito. Recuerdan, además, que la Audiencia Provincial de Palma desimputó a la infanta en mayo de 2013 y que, a pesar de que pidió al juez que siguiera investigando, éste no ha logrado datos nuevos ni información añadida; la situación procesal “es la misma”.
Todas las diligencias que ha practicado el juez desde mayo de 2013, esto es, informes de Hacienda, policiales, uno de un perito de Manos Limpias (para cuyos argumentos usan el término “disparatado”) y la declaración en sede judicial de la infanta son “exculpatorias”, añaden. Hay, dicen, “ausencia de relevancia penal de las conductas” que se le imputan a la hija del rey, además de la mencionada falta de indicios que avalen las imputaciones.
El recurso mantiene que el juez ha incurrido en varias y “radicales” contradicciones y que solo habla de hipótesisEl recurso es duro contra el juez: dice que ha “asumido” la teoría de Manos Limpias que dice que la constitución de Aizoon al 50% de la infanta con su marido se hizo para “crear un patrimonio familiar al margen del derecho”. Además, le reprochan que, al no tener indicios, use la declaración en sede judicial de la infanta para mantener su imputación, algo que, en sus palabras, “raya la vulneración de derechos fundamentales”.
Califican de “desconcertante” una imputación que se ha intentado “mantener a toda costa” y aseguran que en el auto de procesamiento hay “errores en la interpretación de la ley penal”, además de un forzado de los tipos de los delitos. El recurso mantiene que el juez ha incurrido en varias y “radicales” contradicciones y que solo habla de hipótesis, al tiempo que no es nada concreto.
Sobre Cristina de Borbón, los abogados señalan varias veces que debido a sus escasos conocimientos fiscales y a que disponía de muy poco tiempo por su trabajo, el cuidado de sus cuatro hijos y sus funciones como infanta, no podía ni de lejos tener conocimiento de lo que, presuntamente, ocurría ni en Aizoon ni en Nóos. Aun así, destacan, el juez le dedica “muchas más páginas” que a cualquier otro imputado.
“Se le podrá reprochar, tal vez, una actuación en exceso confiada, pero de ningún modo la voluntad preconcebida de ignorar por motivos espurios la naturaleza de la gestión de su esposo”, expone el documento. Por último, destaca que la teoría de que la empresa Aizoon se constituyó para delinquir se cae, porque esta sociedad mercantil se creó en 2003 y el primer delito fiscal se habría cometido en 2008.
Sobre el delito fiscal
El recurso dice que el juez no se decanta por si el delito fiscal, que habría cometido presuntamente Iñaki Urdangarin y del que ella habría sido cooperadora, estuvo en un fraude en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Asimismo, explican, es “insólito” que si el magistrado cree que la infanta defraudó, no diga dónde, cuándo y cuánto. Castro, añaden, no aporta nada nuevo respecto a la primera imputación.
No hubo, dicen, “cooperación”, porque el solo hecho de ser “mero” socio de una empresa no lo implica; no hubo “participación activa”, siguen, porque la gestión de la economía familiar la llevaban Urdangarin y porque, aunque la infanta -”una persona con sus múltiples ocupaciones y escasos conocimientos de fiscalidad”- percibiera bienes o servicios, eso no quiere decir que los adquiriera o que los imputara a ninguna empresa; tampoco hubo, afirman, “omisión”, ya que ella no estaba obligada a vigilar al administrador de Aizoon -su marido-.
Ella no podía “albergar la menor sospecha” de que su marido podía estar cometiendo fraudeAseguran que ella nunca tuvo conocimiento de irregularidades en Nóos, pero que si las hubiera habido -hablan de “conjeturas”-, eso no implicaría que el administrador de Aizoon estuviera defraudando. La infanta no favoreció las defraudaciones que se atribuyen a su marido, insisten, y no podía “albergar la menor sospecha” de que su marido podía estar cometiendo fraude, añaden.
El recurso justifica que la infanta no estaba al tanto de la economía familiar porque se ocupaba de sus hijos y viajaba mucho y defiende que una sociedad familiar es un “medio perfectamente legítimo de ahorro fiscal”. Que su firma constara en papeles era una cuestión de trámite, apunta el recurso, añadiendo que ella y su marido se desvincularon de Nóos en 2006 “por imagen”, tal y como la infanta declaró ante el juez.
Sobre el delito de blanqueo
De nuevo, la defensa habla de “indeterminación insólita” y cree que el cierre de la instrucción ha sido “absolutamente precipitado”. El recurso diferencia dos períodos:
- De 2003 hasta marzo 2006, del que dice que la Audiencia Provincial ya se pronunció considerando que el procesamiento de la infanta por blanqueo “carecería de sentido”. No hay indicios, explica, de que ella supiera o sospechara de las actividades de Nóos, ni de las conductas de su marido o su exsocio Diego Torres. Y no ha habido novedades al respecto desde en auto de la Audiencia, apuntan.
- De marzo de 2006 en adelante. La Audiencia le dijo al juez en 2013 que siguiera investigando porque se “suponía” que la infanta fue alertada de algunas “irregularidades” por la casa real y por eso se desvinculó de Nóos. Esta suposición, dice la defensa, “no se ha visto confirmada y transformada en indicio relevante”; tampoco se sabe, dicen, a qué irregularidades se referían.
Aunque ella hizo uso de una tarjeta VISA de la empresa Aizoon, “no hay que olvidar que la amplísima mayor parte de los ingresos de Aizoon en esos años tuvieron un orígen inequívocamente lícito”, dice el escrito. Acusa al juez de hacer “funambulismo jurídico” y repite: no hay indicios de que ella “supiera o debiera saber” sobre actos presuntamente delictivos en Nóos ni sobre si el dinero de Aizoon era “sucio”.
El recurso de la infanta acusa al juez de "rayar la vulneración de derechos fundamentales"
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