La policía de Bolivia ha decidido echar un pulso al Gobierno. Desde el pasado jueves suboficiales, sargentos y agentes de todo el país se han replegado en protesta por el incumplimiento, por parte del Ejecutivo de Evo Morales, de un acuerdo, suscrito en 2012, para mejorar sus ingresos. Un conflicto que tiene visos de agudizarse después de que el Comando de la Policía decidiese dar la baja a Pedro Ticona, uno de los líderes de la movilización.
La Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ASSCLAPOL) ha convocado a sus asociados a un acuartelamiento, que no motín, en las unidades policiales de las principales ciudades de Bolivia para exigir al Gobierno que disponga de la fusión de un pago extraordinario de 400 bolivianos (unos 57 dólares) mensuales al sueldo básico de 1.200 bolivianos (unos 163 dólares), que el mismo Gobierno había ofrecido hace dos años atrás, según recordó el defensor del Pueblo de La Paz, Gregorio Lanza.
Este pago extraordinario, conocido como bono de seguridad, se otorga como reconocimiento a horas y servicios extraordinarios para dar protección a la ciudadanía boliviana.
Cerca del 70% de los 37.000 miembros de la policía boliviana tienen el grado de suboficiales, sargentos, clases y policías. De acuerdo a los portavoces de este movimiento, no se descuida ninguna de las funciones que tienen asignados para proteger el orden y la seguridad. El personal que tiene descanso se repliega a los cuarteles para mantener la medida. Quienes tienen turno en las distintas reparticiones cumplen el trabajo con normalidad.
Las demandas se hicieron públicas la semana pasada tras fracasar las negociaciones con los mandos policiales y autoridades de Gobierno. El ministro del Interior, Carlos Romero, deploró que la indisciplina y la insubordinación estén afectando a la institución del orden y advirtió que no dialogará bajo presión.
El anuncio de la baja de un policía ha sido mal recibido entre los acuartelados que, indignados, han propuesto declarar persona no grata al comandante de la Policía. Consideran que, en lugar de defenderlos, está atentado contra miles de sus camaradas, al denegar una petición que, según han coincidido varias instituciones, como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la ASSCLAPOL, tiene sus raíces en una oferta que el mismo Gobierno les hizo hace dos años.
Los efectivos acuartelados en la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba declararon ante los medios locales que el comandante puede anunciar todas las bajas que crea conveniente, pero no logrará poner de rodillas a quienes demandan que el Gobierno cumpla con los acuerdos.
El ministro del Interior, Carlos Romero, ha reiterado la decisión de su despacho de no dialogar bajo presión. En las últimas horas ha señalado una y otra vez la serie de grandes beneficios otorgados a la institución desde 2006 —cuando asumió la presidencia Evo Morales— en el mejoramiento de los cuarteles, la dotación de vehículos y motocicletas, así como una red de cámaras de seguridad para apoyar el trabajo de los policías principalmente en las calles de Santa Cruz, El Alto, y La Paz, que registran mayor inseguridad ciudadana.
Romero ha justificado su rechazo a la petición de fusionar el bono de seguridad al salario básico en la necesidad de nuevos estudios técnicos que avalen la sostenibilidad de la medida en el futuro. De ahí que convocara a los implicados a considerar el asunto a partir de agosto y se incluya en el presupuesto del próximo año. En octubre Bolivia celebrará elecciones presidenciales.
Romero destacó que la policía recibe un equivalente a 1.600 bolivianos en cuatro productos alimenticios (arroz, harina, azúcar y aceite) una vez al año, además de un pago para alimentación de siete bolivianos (poco menos de un dólar) por día, unos cincuenta centavos más de la asignación diaria que reciben un preso en las cárceles bolivianas.
Como los militares hace unas semanas, los policías también han salido a las calles de La Paz y Cochabamba a protestar. En ambas ciudades han estado acompañadas de mujeres, familiares de los policías, que han realizado vigilias en las puertas de los cuarteles.
La policía boliviana desafía al Gobierno y reclama más ingresos
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